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Consideran que la ley concursal es atractiva pese a que se encuentra en fase de maduración. El coste de estos procesos en España es inferior al de otros países.
Seguridad y rentabilidad. Estos son los factores que cualquier firma que participe en un proceso de reestructuración exige a una operación. Y con la nueva ley concursal puesta en marcha hace cuatro años, los fondos internacionales tienen claro que se cumplen estas premisas. Pero con algunas salvedades, debido a que la corta vida de la normativa hace que se encuentre aún en fase de maduración. Entre ellas, la posibilidad de acortar los plazos en las alegaciones de las partes implicadas en los procesos de homologación para evitar que acabe afectando a la viabilidad de la empresa. Así lo pusieron de manifiesto los participantes en la cuarta mesa de debate del IV Foro de Reestructuraciones, organizada por elEconomista.es.
Manuel Roca de Togores, Socio Fundador de NK5, subrayó que los inversores internacionales buscan ante todo dos elementos esenciales: rentabilidad y seguridad. Aunque la normativa sigue siendo joven, “un adolescente”, en sus palabras, y aún falta jurisprudencia que consolide su aplicación, “los fondos valoran positivamente su mayor sofisticación, flexibilidad y capacidad para estructurar soluciones innovadoras”.
También destacó la importancia de seguir divulgando y generando confianza entre todos los actores del ecosistema para consolidar un marco más estable y predecible. En cuanto a las impugnaciones judiciales, el consenso fue claro: son legítimas, pero el exceso de litigios está ralentizando operaciones viables y desalineando los tiempos judiciales con la realidad económica de las empresas.
Francisco Alba, Managing director, financial advisory de Teneo, se mostró de acuerdo con la apreciación de que hay un exceso de impugnaciones, aunque subrayó que no hay un solo camino para alcanzar la viabilidad de una empresa, lo que a su juicio provoca asimetrías. “Si no me gusta un plan, lo impugno. Y esto significa retrasar la viabilidad de una compañía“, señaló Alba, para quien la impugnación significa la dependencia de la valoración de los jueces. “Cada vez hay más uniformidad, pero con los mismos criterios de valoración estamos viendo que se resuelven de distinta manera en función de cada juzgado”, apuntó.
Francisco García-Ginovart, Managing Director de Houlihan Lokey, subrayó la incertidumbre que genera a las firmas internacionales involucradas en este tipo de procesos cómo se resuelven las impugnaciones, una situación que se evitaría a su juicio, acortando los plazos para la presentación de las impugnaciones, lo que “eliminaría a las partes que únicamente quieren empantanar los procesos”. “Los consejos de administración de las compañías afectadas no pueden tomar decisiones porque no saben cuál será el resultado final de las impugnaciones y muchas decisiones son críticas para la viabilidad de las empresas”, aseveró.
Sergio Vélez, responsable FTI Consulting España y Interim Management / CRO EMEA, puso de manifiesto lo “absurdo” que resulta que los procesos de homologación se dilaten hasta dos años y medio, incluyendo las alegaciones, cuando se han realizado “conforme a la ley”. Un factor que, según expresó, “destruye mucho valor de las empresas en esta situación antes del final del proceso.
“Los inversores buscan rentabilidad y seguridad jurídica y España se ha colocado en el mapa” de las operaciones, aun sabiendo que la ley concursal se encuentra en un proceso de maduración, recordó Juan Sierra, socio-director de PJT Partners, para quien los plazos no resultan un problema insalvable siempre que se tengan en cuenta las posibles dilaciones.
Jesús Trigueros, director de DC Advisory, puso de relieve la importancia que conceden las gestoras internacionales al coste de las operaciones y como, en este sentido, España se ha posicionado como un mercado atractivo por el precio más reducido que consiguen respecto a otras jurisdicciones, con la misma calidad de servicio.
Trigueros, explicó que el mercado español se distingue por permitir que los planes de reestructuración se presenten sin el consentimiento de los deudores, una característica que sigue despertando interés entre los inversores de situaciones especiales.
“Aunque los desafíos y las impugnaciones son habituales en toda Europa, los planes que priorizan la viabilidad empresarial enfrentan obstáculos importantes para que los recursos prosperen. Además, la valoración de las estructuras de capital genera tensiones similares a las de otros mercados europeos, especialmente en cuestiones como la configuración de clases, la determinación de dónde romper el valor y la identificación de cuáles clases están in the money y cuáles quedan fuera”, apunto el director de DC Advisory, quien como en los próximos meses “veremos a más fondos internacionales llevando a cabo reestructuraciones en España”.